Fuente: Diario Información

Una sentencia del alto tribunal apunta a que los 12 ediles que abandonaron el PSOE podrían tener que devolver el dinero de más que cobraron tras la moción.

Fallo judicial. ¿Deberán los 12 ediles que dejaron el PSOE en 2009 devolver el dinero de más que cobraron al acceder al gobierno tras la moción? Una sentencia del Constitucional abre la vía al PP de Benidorm para reclamar que así sea.

Septiembre de 2009. Doce concejales del PSOE de Benidorm abandonan la formación con la que concurrieron a las elecciones para firmar una moción de censura junto al exedil del PP, José Bañuls. Con ella, los trece concejales forman un nuevo gobierno, con Agustín Navarro al frente. El PP, despojado de la Alcaldía, emprende una cruzada legal para reclamar la revocación de todos los nombramientos, decretos y resoluciones fruto del nuevo ejecutivo local, al considerar que estos trece concejales, enmarcados con la condición de no adscritos, habrían mejorado su situación política y económica con respecto a la etapa anterior al abandono de sus siglas, contraviniendo el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local. Hasta aquí, la historia es conocida. Pero una sentencia dictada ahora por el Tribunal Constitucional ha reabierto la caja de los truenos en el Ayuntamiento de Benidorm.

El fallo del alto tribunal, motivado por la moción de censura que tuvo lugar en Dénia en 2008 -y que en este caso alzó al gobierno de la ciudad a la popular Ana Kringe respaldada, entre otros, por un tránsfuga del PSOE-, desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante referente al artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local. Concretamente, el juez tenía dudas acerca de si era constitucional el artículo que establece que "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia", una cuestión que para el Constitucional no arroja lugar a dudas: por un lado, el alto tribunal considera que las "restricciones impuestas a los concejales no adscritos responden a un fin legítimo" como es "frenar el transfuguismo"; por otro, que dicha condición "no vulnera las funciones representativas para las que los concejales han sido elegidos", como participar en el control del ejecutivo local, deliberar y votar en los plenos u obtener información precisa para ejercer estas funciones. Y, por tanto, defiende como constitucional que los concejales que abandonaran su formación de origen no puedan mejorar sus condiciones políticas y económicas.

Con la sentencia en la mano, el portavoz del PP de Benidorm, Antonio Pérez, manifestó ayer que dicho fallo podría abrir la puerta a que los doce concejales que en la anterior legislatura dejaron el PSOE para firmar la moción podrían verse ahora obligados a devolver el dinero que cobraron de más al acceder al gobierno. De hecho, según recordó ayer Pérez, una sentencia dictada el pasado 23 noviembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ya declaró como "no adscritos" a estos doce ediles, mientras que otro fallo del mismo juzgado declaró nulos los decretos de Alcaldía en los que se fijaron el reparto de competencias del anterior gobierno local y el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno.

Pérez indicó que los abogados del PP están estudiando solicitar que la sentencia del Constitucional sobre el tránsfuga Juan Collado de Dénia "se extrapole a Benidorm" y advirtió que, en este caso, "sería aún con más motivo, porque es lo mismo que ocurrió allí pero multiplicado por doce". Por último, lamentó que la ex subdelegada del Gobierno, la socialista Encarna Llinares, "fuera tan diligente para recurrir lo que ocurrió en Dénia y no hiciera nada en el caso de Benidorm" y advirtió que habría incurrido en una "dejación de sus funciones".