José Antonio Alhama Roig
Abogado/Delegado Sindical SPPL

La Constitución Española de 1978, se obtuvo gracias al consenso alcanzado por parte de los diferentes partidos políticos que en ese momento formaban el espectro político del país. País que había salido de un túnel de cuarenta años, y consecuencia de ese deseo surgió y se promulgo la Norma Suprema que ha definido nuestro modelo de Estado como Social, Democrático y de Derecho.

Uno de los Derechos Fundamentales que se encuadran en ella es el Derecho a la Educación, derecho al que todos los españoles tenemos acceso como bien preferente, junto a la sanidad, cultura, etc. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), si bien creada en los comienzos de la década de los setenta, ha formado a innumerables españoles en los más diversos estudios, estando considerada en la actualidad como una de las más importantes de Europa; de ahí que la obtención de un título por su particular forma de enfocar sus estudios, tenga un prestigio impresionante.

La extensión de Benidorm, ha sabido dar cabida a un número importante de personas que, aparte de tener que realizar su trabajo diario, se han acercado a la posibilidad de poder acceder a unos conocimientos más extensos y que a la postre, le sirvieran para poder promocionar en sus respectivos centros de trabajo, otro de los derechos contemplados en la Norma y que, tantas veces, incluso la propia Administración conculca en toda su extensión.

Pero ahora la historia es diferente; si bien ese centro ha formado a multitud de ciudadanos de Benidorm, la diferencia reside en la deuda que mantiene desde hace tiempo el ayuntamiento de la ciudad con este centro universitario emblemático. Da la sensación que por parte de los que ocupan el poder en la actualidad, la razón de no abonar esas cantidades adeudadas, puede dar al traste con una de las pocas posibilidades que se tienen para poder estudiar una licenciatura o la obtención de un título de Grado en la zona. Si es un principio constitucional el derecho a la educación ¿cuál es el motivo que se haya generado una deuda tan elevada por parte de la administración local? ¿no le interesa, quizá, que los ciudadanos puedan ampliar su conocimientos? O, por el contrario, ¿les es más fácil mantener otros aspectos no relacionados con la formación y destinarlos a campos diferentes para la obtención del crédito electoral deseado?

Bien está que desde ese gobierno local se critique la falta de ayudas por parte de la Generalitat Valenciana, pero y ¿ustedes qué hacen para evitar que llegue a desaparecer el único centro por el que los residentes de la ciudad pueden cursar estudios superiores? Bastante se tiene que para poder hacerlos, la soledad y el incondicional apoyo de los profesores – tutores, sean los compañeros del camino para que, ahora, se les una la desidia de una administración que, como ya denunciaba la oposición, gasta más de lo que se cree en contratos administrativos de asesoramiento externo, cuando descuida de forma unilateral la formación de sus ciudadanos.

De poco vale uno de los principios de Pablo Iglesias cuando fundaba la Unión General de Trabajadores, allá en el siglo XIX y que abogaba por la instrucción como arma fundamental para el trabajador en su lucha particular contra el capitalismo salvaje de la época. Parece, por lo que se puede analizar, que los herederos del fundador del socialismo español, han dejado la educación y la formación para los trabajadores, en segundo término. Quizá sea porque no interesa que los ciudadanos se instruyan y sean capaces de evaluar lo que sucede con su administración más cercana y vean lo que hacen con la educación en la parte que les corresponde.